Fronteras de América

Puerto Rico es una posesión de Estados Unidos desde 1898, cuando pasó a control estadounidense tras la Guerra Hispanoamericana. En 1952, la isla adquirió el estatus de Estado Libre Asociado cuando el Congreso de Estados Unidos le permitió adoptar su constitución local y administrar muchos asuntos internos.

Sin embargo, Puerto Rico continúa siendo una posesión bajo la autoridad total del Congreso. Las leyes de Estados Unidos aplican al Estado Libre Asociado. Aunque sus residentes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, no tienen derecho a votar por el presidente de Estados Unidos mientras vivan en la isla.

A diferencia de Puerto Rico, los estados de la Unión no están sujetos al control directo del Congreso y gozan de soberanía sobre sus asuntos. El estatus político de Puerto Rico ha influido en el desarrollo económico de la isla y en las herramientas disponibles para enfrentar crisis fiscales.

La crisis económica moderna de Puerto Rico comenzó en 2006, cuando finalizaron los incentivos fiscales federales para las corporaciones estadounidenses en la isla. Durante décadas, los incentivos ayudaron a convertir a Puerto Rico en un centro manufacturero importante –especialmente en la industria farmacéutica– dentro de la economía estadounidense.

Sin embargo, tras su eliminación, muchas empresas comenzaron a reducir operaciones o trasladarse a otros países con costos más bajos. Como resultado, el empleo industrial disminuyó, la inversión se redujo y la economía entró en un periodo prolongado de estancamiento.

Ese mismo año, comenzó un éxodo masivo de residentes hacia Estados Unidos, siendo el segundo gran éxodo en la historia moderna de Puerto Rico —el primero ocurrió a mediados del siglo XX—, pero con la diferencia de que las salidas en este éxodo han superado el reemplazo natural de la población. La pérdida poblacional terminó reduciendo la fuerza laboral y la base contributiva del gobierno.

Ante la pérdida de los incentivos fiscales, el gobierno puertorriqueño dependió del endeudamiento para cubrir déficits presupuestarios y mantener servicios públicos. El Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico facilitó la emisión de bonos atractivos para inversionistas porque estaban exentos de impuestos en Estados Unidos y Puerto Rico. Esta característica permitió al gobierno continuar financiándose en los mercados de capital incluso cuando la economía ya mostraba señales de debilidad.

Con el tiempo, el crecimiento económico no fue suficiente para sostener el nivel de gasto público ni el endeudamiento acumulado. La recesión se prolongó, el desempleo aumentó y la emigración aceleró la contracción demográfica. En 2015, el gobierno puertorriqueño se declaró insolvente para pagar sus deudas.

Como respuesta a la crisis fiscal, en 2016, el Congreso le impuso a la isla una junta federal de supervisión fiscal con amplios poderes sobre las finanzas públicas del territorio. Esta entidad quedó encargada de aprobar presupuestos, supervisar planes fiscales y dirigir la reestructuración de la deuda pública. El gobierno puertorriqueño enfrentó numerosos y costosos litigios, ya que distintos grupos de acreedores se opusieron a los acuerdos de pago.

Los huracanes de 2017 y los terremotos de 2019 dispararon el éxodo más. Puerto Rico ha perdido 16% de su población durante las pasadas dos décadas. La mayoría de quienes regresan lo hacen por razones familiares, retiro o por alguna oportunidad de trabajo federal.

Actualmente, Puerto Rico se mantiene a flote por las transferencias de fondos federales destinados a programas sociales, salud, educación y reconstrucción.

Aunque la isla logró reestructurar la deuda en 2022, la economía permanece estancada, los servicios públicos son deficientes y el mantenimiento de la infraestructura ha sido pospuesto durante años. Yo salí de Puerto Rico en 2007 y el deterioro se me hace más evidente cuando lo comparo con lo que recuerdo de sus mejores tiempos.