Fronteras de América

La migración sostenida desde Puerto Rico hacia los estados ha debilitado la base contributiva de la isla durante las pasadas dos décadas.

La reducción poblacional no solamente ha reducido significativamente la fuerza trabajadora, sino los recaudos por impuestos sobre los ingresos y el impuesto sobre las ventas por la merma en el consumo interno.

Ante ese escenario, el gobierno puertorriqueño busca depender cada vez más de transferencias federales para sostener su operación.

De ese esfuerzo es que han surgido algunos reclamos bajo el argumento de paridad y justicia, como, por ejemplo, el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés) y la transición de la isla al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), disponible en los 50 estados y dos territorios.

En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la exclusión de Puerto Rico en el SSI no violaba la Constitución de Estados Unidos y que la igualdad implicaba eliminar las exenciones tributarias que disfruta la isla. En otras palabras, la justicia y la paridad comienzan con el pago de los mismos impuestos de los estados.

De ser elegible para SSI, cerca del 9% de la población menor de 65 años en Puerto Rico lo recibiría. En contraste, el estado con mayor número de beneficiarios en 2022 era Virginia Occidental, con 4% de sus residentes.

También, en 2022, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés) evaluó la viabilidad de la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), vigente en la isla desde 1982, al SNAP. El informe identificó deficiencias en la capacidad administrativa, cumplimiento y supervisión. Ese diagnóstico no cerraba puertas; las abría.

El gobierno puertorriqueño tuvo entre 2022 y 2026 para corregir esas fallas y tranquilizar las preocupaciones en el Congreso, pero no lo hizo. El resultado fue predecible. En 2026, el Congreso descartó la inclusión de Puerto Rico en SNAP.

El gobierno puertorriqueño enfatiza el derecho a recibir más fondos, pero no se discute la capacidad de administrarlos bajo estándares federales exigentes.

Al ritmo actual, Puerto Rico no necesita que le nieguen fondos; los pierde por falta de ejecución. Con ese patrón de gobernanza, el regreso de la diáspora es improbable porque muchos ya han experimentado entornos donde la prosperidad no depende de la estadidad, sino de la sana gestión pública.

El patrón gerencial del gobierno puertorriqueño ha sido depender de la disponibilidad de fondos federales, en lugar de impulsar iniciativas con recursos propios, como hacen los estados.

Los proyectos avanzan mientras hay dinero federal y se estancan cuando se agota. Y cuando fallan, la responsabilidad se desplaza hacia el colonialismo y otros factores externos, en lugar de examinar las fallas administrativas.

Aunque los cinco territorios no incorporados de Estados Unidos enfrentan retos fiscales, Puerto Rico es el único cuya situación fue tan extrema que llevó a la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.

Esa tendencia tiene consecuencias cuando se intenta expandir la participación en programas federales complejos. El Congreso piensa con la matemática primero; no la política y eso aplica a cualquier jurisdicción.

O sea, Washington se pregunta si existen sistemas confiables, personal capacitado, procesos auditables y métricas consistentes antes de aprobar fondos. Es una evaluación de riesgo para evitar el despilfarro.

La paridad y la justicia siguen siendo argumentos legítimos, pero no pueden sostenerse sin evidencia de capacidad institucional. El problema no es la validez del reclamo, sino la ausencia de preparación demostrada.

La imposición de una Junta de Supervisión Fiscal en 2016 no fue casualidad. Y la falta de cambio sostenido desde entonces explica por qué persiste la desconfianza.

La paridad no se concede por argumento; se sostiene con capacidad. Y mientras esa aptitud no se demuestre, Washington seguirá tratando a la isla como un menor que necesita supervisión.