En un escrito anterior, titulado “Cómo los coyotes impulsaron involuntariamente el regreso de Trump al poder”, argumenté que el regreso al poder de Donald Trump no solo se explica por factores internos de Estados Unidos, sino también por la inmigración y la percepción de descontrol en la frontera. El caso ahora es el asilo.
El aumento en solicitudes de asilo no surgió en el vacío. Es, en gran medida, el resultado indirecto de las redes de tráfico humano que operan en todo el hemisferio.
Estas redes —los llamados coyotes— no solo facilitan el viaje hacia el norte, sino que también moldean las expectativas de quienes migran. Prometen acceso al sistema estadounidense, muchas veces presentando el asilo como una vía casi automática de entrada y permanencia.
Ese mensaje tiene consecuencias concretas. Muchas personas huyen de crisis reales, pero también hay quienes buscan mejores condiciones económicas y emprenden el viaje bajo la creencia de que, al llegar a la frontera, podrán presentar su solicitud y permanecer en el país mientras su caso se procesa.
El sistema de asilo, diseñado originalmente para proteger a quienes enfrentan persecución, termina absorbiendo una presión que va más allá de su propósito inicial.
El gobierno de Joe Biden intentó canalizar ese flujo mediante mecanismos legales, como la entrada condicional (parole humanitario) para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití a través de la aplicación CBP One. La idea era ofrecer un proceso ordenado para reducir los cruces irregulares.
Sin embargo, la realidad mostró los límites del sistema. El fraude en los patrocinadores en 2024 puso en duda la credibilidad del programa porque demanda rebasó la capacidad del sistema para evaluar los casos con precisión.
Al mismo tiempo, las imágenes de cruces masivos y la presión sobre ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Boston reforzaron la percepción pública de que el sistema estaba fuera de control.
Sin embargo, la percepción de caos no puede entenderse sin considerar el papel de los coyotes. Son ellos quienes organizaban los movimientos en grupos grandes, sincronizaban las llegadas y alimentaban la narrativa de que llegar a la frontera equivalía a entrar al sistema.
Desafortunadamente, muchas personas que entraron bajo parole humanitario no entendían que el sistema migratorio no definía su llegada como una “admisión” formal al país, sino un permiso temporal condicionado a regularizar su estatus más adelante. Los coyotes vendieron la idea de que llegar equivalía a quedarse y muchos terminaron deportados.
El caso de asilo que en este momento se discute en la Corte Suprema plantea si el gobierno puede impedir que solicitantes de asilo siquiera lleguen a un puerto de entrada. Es decir, si el gobierno puede bloquear el acceso al sistema antes de la petición de asilo.
Si la Corte Suprema valida esa interpretación, eso le daría al gobierno un filtro amplio para rechazar casos antes de que el derecho a ser escuchados entre en vigor.
Esto golpea el negocio de los coyotes, pero también dejaría fuera a quienes intentan seguir un proceso ordenado, mientras que quienes crucen de manera irregular podrían acceder al sistema.
En última instancia, el aumento en solicitudes de asilo no puede analizarse solo como decisiones individuales de los migrantes ni únicamente como una falla gubernamental. Es el resultado de la industria de los coyotes, las expectativas de los migrantes y las limitaciones del gobierno.
El endurecimiento actual del sistema en lo político y legal es una reacción a la presión acumulada. Sin embargo, también redefine las reglas del juego porque ya no se trataría solo de quién tiene derecho a solicitar asilo, sino de quién logra siquiera llegar al punto donde ese derecho comienza.
Trump no está arreglando el sistema de inmigración; está restringiendo el acceso a él —y preparando la próxima crisis.


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