Foto: Cañones de la Guerra Civil de Estados Unidos en el siglo XIX.

Hace catorce años que vivo en Nueva Inglaterra, una región compuesta por seis estados en la punta noreste de Estados Unidos, en la frontera con Canadá. Aquí la cultura social se caracteriza por un fuerte apoyo a la educación, programas sociales generosos, poca influencia de la religión en la política y una creencia bastante extendida de que el gobierno debe proteger el bienestar de la población. Boston es la ciudad principal de la región.

También viví cinco años en Florida. El ambiente allí es muy distinto. En los estados del sur predomina una cultura más individualista, muchas personas desconfían de la intervención del gobierno, las protecciones laborales son más débiles, hay un ataque creciente contra la libertad de cátedra en las universidades y escuelas, y el conservadurismo religioso influye fuertemente en la vida pública.

Después de vivir en ambas regiones, uno entiende que Estados Unidos no es un bloque uniforme. A veces se siente como si fueran dos países distintos bajo la misma bandera y un idioma.

Estas diferencias no son nuevas. En el siglo XIX, las tensiones entre el norte y el sur provocaron la Guerra Civil. El norte ganó la guerra, pero las diferencias culturales y políticas nunca desaparecieron. Hasta hoy, las divisiones regionales siguen influyendo en la política del país.

El periodista Colin Woodard (2011) sostiene que Estados Unidos en realidad está compuesto por diferentes “regiones rivales”, con valores sociales y políticos distintos que muchas veces chocan entre sí.

Dentro de ese mosaico regional, Puerto Rico ocupa una posición peculiar. En 1898, tras la guerra entre Estados Unidos y España, la isla pasó a control estadounidense. Sin embargo, Puerto Rico no es un estado ni un país independiente. El Congreso mantiene la autoridad final sobre el territorio.

Esa subordinación quedó clara durante la crisis fiscal de 2014. Cuando Puerto Rico no pudo pagar su deuda pública, el Congreso impuso una Junta de Supervisión Fiscal con poder sobre las finanzas del gobierno local. Un estado de la unión no habría enfrentado ese tipo de control federal.

La crisis económica, el huracán María en 2017 y los terremotos de 2019 aceleraron la migración hacia Estados Unidos continental. La población de la isla ha disminuido y la economía sigue bajo presión.

Por eso el debate sobre el futuro político de Puerto Rico ha vuelto con fuerza. Algunos apoyan la estadidad y otros prefieren la independencia. Sin embargo, cualquier cambio depende del Congreso.

A primera vista, admitir a Puerto Rico como el estado 51 podría parecer algo sencillo, pero no lo es. Estados Unidos ya es un país lleno de divisiones regionales.

La pregunta que surge es ¿cómo encajaría la admisión de Puerto Rico como estado hispanohablante en una nación profundamente dividida en inglés? Ambos gobiernos necesitarían hacer ajustes significativos para que la integración funcione.

El mapa cultural de Colin Woodard clasifica al sur de Florida y a Puerto Rico como el “Caribe español”. Sin embargo, el caso del sur de Florida revela una limitación en esta clasificación.

A pesar de la fuerte influencia del español en la vida cultural y social en el sur de Florida, las principales instituciones del poder —como la policía, los tribunales, las escuelas y el gobierno— operan en inglés. Las comunidades hispanohablantes están subordinadas al inglés en lo institucional.

Ese patrón revela que la admisión de Puerto Rico como estado no se limitaría simplemente a añadir una estrella a la bandera, sino que pondría a prueba los límites lingüísticos del sistema estadounidense.

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